Galicia activa un plan de medidas para ayudar a los sectores con más dificultades ante la guerra en Oriente Medio

Se trata de un plan con veinte líneas de actuación dotado con 157 millones de euros

La Xunta de Galicia ha puesto en marcha un ambicioso paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la guerra en Oriente Medio. El plan, dotado con 157 millones de euros, busca apoyar a los sectores más afectados y proteger a las familias vulnerables ante un contexto económico marcado por el encarecimiento energético y las dificultades logísticas.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, anunció que el Consello dio luz verde a esta iniciativa, estructurada en veinte líneas de actuación. El plan abarca desde políticas de choque energético y respaldo financiero a empresas hasta medidas de protección social, impulso a la transición energética y refuerzo de la resiliencia logística.

El volumen total de recursos movilizados se suma a los 120 millones de euros que Galicia destinará a aplicar las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno central. Además, cerca de 44,9 millones se dirigirán específicamente a los sectores productivos, con especial atención al ámbito pesquero y agrario.

Entre las principales partidas destacan 62 millones de euros destinados a empresas y pymes, 6,2 millones para el apoyo a las familias, 25,5 millones para el sector pesquero, 19,4 millones para el agrario, 39,3 millones de euros enfocados en eficiencia energética y 5 millones para el sector turístico.

El objetivo central del plan es mitigar el impacto del aumento de los costes energéticos y logísticos, sostener la actividad económica y el empleo, así como fortalecer las cadenas de suministro y acelerar la transición hacia un modelo energético más eficiente. Paralelamente, se busca proteger a los hogares frente a la inflación energética.

Ejecución coordinada

En cuanto a la ejecución, el programa incorpora un marco de gobernanza, seguimiento y evaluación que permitirá priorizar actuaciones y garantizar una aplicación coordinada y eficaz. Entre las medidas más urgentes figura la concesión de préstamos por valor de 62 millones a través del Igape, con el fin de dotar de liquidez a las empresas afectadas.

Asimismo, se implantará un procedimiento extraordinario de tramitación acelerada que permitirá resolver solicitudes de financiación en un plazo máximo de 10 días. También se impulsará la simplificación administrativa para proyectos estratégicos en energías renovables, industria verde, digitalización y TIC.

Los sectores productivos recibirán un refuerzo significativo. En el caso de la pesca, se invertirán 25,5 millones de euros para modernizar portuarias, lonjas y cadena de frío para mejorar la eficiencia operativa y reducir costes. Asimismo, se apoyarán proyectos que incrementen el valor añadido de la producción pesquera mediante inversiones en transformación, comercialización, diferenciación de producto, certificación de calidad y economía circular.

Se destinarán 44,9 millones de euros a los sectores productivos, especialmente al pesquero y al agrario

Por su parte, el sector agrario contará con 19,4 millones para modernizar explotaciones e incorporar tecnologías de agricultura de precisión, destacando 10,8 millones destinados a la promoción agroalimentaria, especialmente para impulsar iniciativas orientadas al fortalecimiento de las cadenas cortas de comercialización, a la valorización del producto local, a la trazabilidad y a la diferenciación en los mercados.

En el ámbito social, más de 6 millones de euros se destinarán a proteger a los hogares mediante moratorias y aplazamientos en alquileres de viviendas públicas, revisión de contratos de transporte y agilización de ayudas como el Bono Social Térmico, la RISGA o las ayudas de emergencia social.

Medidas de largo recorrido

A medio y largo plazo, la Xunta apuesta por avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética. Para ello, destinará cerca de 40 millones de euros a iniciativas como la rehabilitación de edificios, el impulso del autoconsumo en polígonos industriales y la creación de comunidades energéticas.

El plan se concibe como una respuesta rápida y estructurada ante una crisis global, que se complementa con propuestas dirigidas al Gobierno central y a la Unión Europea. Entre ellas, se incluyen medidas en materia fiscal, energética y de infraestructuras, así como la solicitud de mayor flexibilidad en los fondos europeos y nuevas líneas de ayuda para los sectores afectados.

Desde el Ejecutivo gallego se subraya que esta estrategia pretende no solo paliar los efectos inmediatos de la crisis, sino también reforzar la capacidad de adaptación de la economía gallega ante un escenario internacional cada vez más complejo.